El pasado 30 de abril se publicaba en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el texto definitivo de la Ley 1/2026, de 18 de marzo, Estatuto de las Mujeres Rurales de Asturias, una iniciativa legislativa que era aprobada por el PSOE, Convocatoria por Asturies IU – Más País – IAS, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, mientras que el PP y el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares se abstenían y Vox la rechazaba. Una norma que busca “combatir desigualdades, eliminar barreras históricas y romper estereotipos” en todos los ámbitos de la vida rural asturiana.
Este Estatuto se estructura en cinco títulos, veintiséis artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición transitoria. La necesidad de esta propuesta viene de constatar que el medio rural asturiano continúa vaciándose, que la población está masculinizada y envejecida y que existe una mayor desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural que en medios urbanos. De ahí la importancia de reconocer el aporte de las mujeres del medio rural en su desarrollo.
Uno de los aspectos fundamentales e innovadores de este texto es que incluye de manera explícita a las mujeres del sector pesquero, a diferencia de otras leyes autonómicas que se centran únicamente en las de los sectores agrícolas y ganaderos, y que además tiene en cuenta lo que denomina actividades económicas complementarias. Y también se destaca que no replica modelos, sino que los expande.
Otro aspecto a destacar es que el Estatuto asturiano se fundamenta en la Ley 2/2024 de Impulso Demográfico, conectando directamente la igualdad de género con la lucha contra el despoblamiento y el envejecimiento de las zonas rurales.
También hay aspectos en los que se queda corto o es más impreciso frente a otros textos existentes, como en los plazos a aplicar, siendo más benevolente en el alcance de la paridad. No es un aspecto sencillo éste, teniendo en cuenta que se trata de un tema estructural incardinado en el sistema social y que al final todo es un reflejo de esto.
El contexto de Asturias a nivel nacional
Para la realización de este artículo se ha llevado a cabo un análisis comparativo de la Ley 1/2026 del Estatuto de las Mujeres Rurales de Asturias con las normativas más recientes de Andalucía (2024) y Galicia (en fase de Decreto), además de los marcos ya existentes en Euskadi (2015), Aragón (2018), Castilla-La Mancha y Navarra (ambos de 2019).
El caso de Asturias: Lo que nos diferencia y mejora
En este sentido, el texto asturiano presenta avances significativos en la conceptualización y el alcance de la mujer rural. En primer lugar con esta inclusión explícita ya mencionada del sector pesquero, integrando plenamente a las mujeres de la pesca dentro de los beneficios del Estatuto como sujeto de derecho, al igual que en Andalucía y Galicia, rompiendo el modelo tradicional centrado solo en la agricultura (como la ley vasca) para integrar plenamente a las mujeres de la pesca en toda la cadena de valor (extracción, marisqueo, acuicultura, pesca-turismo, transformación, comercialización y representación en organizaciones pesqueras). En este sentido, Asturias es la primera en elevar al mismo rango jurídico a las mujeres de la pesca junto a las agricultoras y ganaderas. De hecho la participación de la Federación de Cofradías de Pescadores en su Comisión de Seguimiento es un hito de representatividad.
A ello se suma una definición amplia de Actividades Económicas Complementarias. Asturias va más allá del sector primario al incluir servicios de proximidad como vitales para el desarrollo rural. Aquí se incluyen servicios de cuidados y de atención personal, pequeño comercio, hostelería, artesanía y servicios tecnológicos, reconociendo también a las mujeres que lideran estos negocios como mujeres rurales con plenos derechos.
En este sentido Asturias es pionera al definir como mujer rural no solo a la que trabaja en el sector primario, sino a aquellas que lideran estas actividades económicas complementarias, reconociendo de esta manera la realidad económica diversificada de los pueblos asturianos, siendo consideradas como motor rural.
Así mismo se recoge el compromiso de implantar servicios públicos de cuidados para menores, mayores y personas dependientes en general, un beneficio directo para que la mujer rural pueda participar en la economía, teniendo en cuenta como asunto pendiente de la sociedad la cuestión de la corresponsabilidad y las tareas de cuidados.
Garantizar la existencia de una red de recursos públicos que faciliten el acceso de las mujeres rurales al empleo, la actividad económica, la formación, la salud física y mental, el ocio, la cultura y el deporte en las mismas condiciones que los hombres es un tema vital para garantizar la igualdad y promover el papel fundamental de las mujeres.
Hay otro aspecto relevante en la definición de mujer rural, al reconocer a aquellas que desempeñan su actividad profesional principal en los sectores regulados en este Estatuto y las que viven en zonas rurales periurbanas, intermedias y naturalizadas según Ley de Impulso Demográfico.
La norma recoge también la existencia de una Comisión de Seguimiento y su composición. Mientras que otras leyes buscan la "representación equilibrada" (entre un 40 y un 60%), el texto asturiano establece que se procurará que este órgano esté integrado por al menos un 60% de mujeres, dándoles un papel predominante en la evaluación de la ley. En este sentido es el más ambicioso en cuanto a la composición de esta Comisión.
Y establece un compromiso con un plazo concreto de 18 meses para presentar protocolos de colaboración interinstitucional frente a la violencia de género y el estudio de impacto diferencial de salud, lo que garantiza una implementación activa y no meramente declarativa.
Otro aspecto que se destaca en la ley es la importancia de desagregar los datos y analizarlos para aumentar el conocimiento sobre las brechas de género que existen en el medio rural y poder diseñar políticas y medidas específicas para atajarlas.
Puntos donde el texto asturiano se queda corto
En relación con los textos analizados de las comunidades autónomas indicadas, existen aspectos donde el Estatuto asturiano podría profundizar. Podemos destacar en un primer lugar la intensidad de las ayudas económicas: En el caso vasco se fija por ley que las explotaciones de mujeres reciban una puntuación de al menos el 15% en criterios de valoración y una cuantía entre un 10% y 20% superior a la general. Castilla-La Mancha fija una puntuación de al menos el 20% y otorga hasta un 15% de la puntuación a asociaciones que tengan un 40% de mujeres en sus directivas. En Andalucía las bases reguladoras deben asignar un 10% de la puntuación máxima a solicitudes que promuevan la igualdad.
El texto asturiano menciona que se "priorizará" delegando la concreción de estos porcentajes a normas reguladoras futuras, pero sin blindar un porcentaje mínimo en el texto actual.
El segundo aspecto está relacionado con la formación obligatoria en igualdad: En Castilla-La Mancha es obligatorio introducir un módulo de igualdad para acreditar la capacitación necesaria para incorporarse a la empresa agraria. Asturias lo promueve como "sensibilización y capacitación", pero no parece establecerlo como un requisito administrativo previo para la incorporación profesional.
A un estudio futuro también remite los aspectos relacionados con la salud y los riesgos laborales, sin detallar estas necesidades en el cuerpo de la ley. En Euskadi, como ejemplo, el texto incluye especificaciones sobre el diseño de herramientas, equipos, procesos de trabajo, ropa y calzado teniendo en cuenta factores biológicos diferenciales.
Como tercer punto, señalar el periodo transitorio de representación: Para que el 40% de representación en órganos de dirección sea vinculante para recibir ayudas, Asturias establece un plazo de tres años, mientras que otras normativas han sido más inmediatas o estrictas en la denegación de subvenciones ante el incumplimiento.
Una norma con impacto en la Asturias vaciada
Como ya se señaló, Asturias vincula legalmente este Estatuto de las Mujeres Rurales con su Ley de Impulso Demográfico de 2024, tratando la igualdad de género no como un compartimento estanco, sino como la herramienta principal para frenar el despoblamiento y el envejecimiento.
Beneficios para las mujeres rurales y la sociedad
La implementación del Estatuto aprobado en abril conlleva beneficios multidimensionales, no solo para las propias mujeres, sino para la sociedad en general. Teniendo en cuenta a las propias mujeres, se garantiza el acceso real a la titularidad, facilitando el reconocimiento jurídico y económico de su trabajo, garantizando que el acceso a ayudas y derechos de producción sea igualitario.
Se refuerza la red de recursos y cuidados, con el compromiso de implantar servicios públicos de cuidados y atención a la dependencia que permita a las mujeres liberarse de la carga exclusiva de los cuidados y participar en actividades productivas y de ocio.
En cuanto al acceso al crédito, compromete a la Administración a eliminar los sesgos de género en la financiación bancaria y la microfinanciación, facilitando el emprendimiento en sectores innovadores como la economía verde y circular.
Mientras que entre las medidas de protección frente a la violencia, se asegura el mantenimiento de los Centros Asesores de la Mujer con puntos de atención en cada comarca, adaptando los protocolos al entorno rural.
En relación a la sociedad en general, el Estatuto de las Mujeres Rurales pretende poner freno al despoblamiento al mejorar las oportunidades de vida y empleo para las mujeres, evitando su emigración a zonas urbanas por falta de opciones, lo que es clave para la supervivencia de los concejos en riesgo. Y contribuye a la vertebración territorial con la creación de empresas de servicios de proximidad (estas actividades complementarias comentadas) mejora la calidad de vida de toda la población rural, no solo de las mujeres.
Contempla también aspectos como la cultura y la tradición al reconocer y proteger el papel de la mujer como transmisora de la cultura tradicional asturiana, asegurando el mantenimiento de saberes fundamentales para la identidad de la región.
Habla de justicia social con el avance hacia una sociedad más corresponsable donde hombres y mujeres compartan las tareas domésticas y de cuidados, rompiendo estereotipos históricos, y de corresponsabilidad pública, con una ley que obliga a aumentar la cobertura pública de cuidados (menores, mayores y personas dependientes), aliviando una carga que históricamente ha frenado el desarrollo profesional de la mujer. Sin olvidar la importancia de la sostenibilidad territorial con el incentivo del empleo femenino, garantizando el relevo generacional y manteniendo la vida en los concejos en crisis demográfica.
Este análisis presenta al Estatuto de las Mujeres Rurales de Asturias como un documento evolucionado y ambicioso, que aprende de otros modelos, pero que deberá concretar sus incentivos económicos para alcanzar la efectividad real que ya proponen leyes como la andaluza.
Testimonios
Para completar este análisis desde la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) se ha pedido una valoración a diferentes entidades y personas con representatividad dentro del Gobierno del Principado de Asturias. Y así se destacan algunos aspectos de estos testimonios a continuación:
Gimena Llamedo González
Vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo
“El Estatuto de las Mujeres Rurales es, sobre todo, un acto de justicia con tantas mujeres asturianas que durante años sostuvieron nuestros pueblos desde el esfuerzo silencioso y demasiadas veces invisible. Mujeres que trabajaban dentro y fuera de casa, que cuidaban, que sacaban adelante explotaciones y familias enteras, pero que rara vez aparecían en las decisiones, en las escrituras o en el reconocimiento público. Esta ley nace para decirles algo muy claro: os vemos, os reconocemos y Asturias tiene una deuda con vosotras.
Como consejera de Igualdad y de Reto Demográfico, estoy convencida de que no puede haber futuro para el medio rural sin las mujeres. Cuando una mujer se marcha de un pueblo por falta de oportunidades, pierde ese pueblo y pierde Asturias. Por eso este Estatuto habla de empleo, emprendimiento, conciliación, conectividad, servicios públicos y protección frente a la violencia machista. No es una ley simbólica: es una herramienta para que las mujeres rurales puedan desarrollar su proyecto de vida con libertad, derechos y oportunidades allí donde decidan vivir. Porque el futuro de Asturias también se juega en nuestros pueblos, y ese futuro solo será posible si las mujeres rurales pueden quedarse, crecer y liderar en igualdad”.
Marcelino Marcos Líndez
Consejero de Medio Rural y Política Agraria
“La aprobación del Estatuto de las Mujeres Rurales supone un avance histórico para Asturias y un reconocimiento justo al papel esencial que desempeñan las mujeres en el sostenimiento y desarrollo de nuestros pueblos. Esta norma nace con la vocación de combatir desigualdades, generar oportunidades y contribuir a fijar población en el medio rural, impulsando una comunidad más equilibrada, inclusiva y comprometida con sus raíces y con el futuro del campo asturiano”.
Begoña López Fernández
Directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural
“Este Estatuto refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con la igualdad de oportunidades en el ámbito agrario y agroindustrial, facilitando el acceso de las mujeres a la titularidad de explotaciones, a la formación especializada y a puestos de responsabilidad. Además, impulsa el emprendimiento femenino, la profesionalización de actividades tradicionales y la titularidad compartida, herramientas fundamentales para modernizar el medio rural y garantizar su sostenibilidad social y económica”.
Enrique Plaza Martínez
Director general de Pesca Marítima
“La nueva ley también reconoce el papel imprescindible de las mujeres vinculadas al sector pesquero y al conjunto de las actividades del medio rural costero, muchas veces invisibilizado durante décadas. El Estatuto permitirá avanzar en conciliación, corresponsabilidad y acceso a recursos y financiación, favoreciendo que más mujeres puedan desarrollar sus proyectos profesionales en igualdad de condiciones y contribuyendo al dinamismo económico y social de nuestras zonas rurales y litorales”.
Cecilia Pérez Sánchez
Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC)
“El Estatuto de las Mujeres Rurales merece una valoración positiva porque pone el foco en una realidad esencial para Asturias: el papel decisivo de las mujeres en el mantenimiento de la vida, la actividad económica y la cohesión social de nuestros pueblos y villas. En un medio rural afectado por la pérdida de población, el envejecimiento y la falta de oportunidades, contar con una herramienta que impulse la igualdad desde el territorio es un paso necesario y oportuno.
Además, este Estatuto debe entenderse en estrecha relación con la Ley de Impulso Demográfico, porque ambas materias van claramente de la mano. Las dos comparten un mismo objetivo: garantizar que vivir en el medio rural sea una opción real, digna y con futuro. Si queremos frenar el éxodo rural, combatir la despoblación y dar respuesta a esa llamada España vaciada, es imprescindible generar condiciones de vida, empleo y servicios que permitan a las personas desarrollar su proyecto vital en los concejos.
En ese contexto, resulta fundamental hablar de corresponsabilidad, de cuidados y del reconocimiento del papel que desempeñan las mujeres en los pueblos. Muchas veces se dice, con razón, que la mujer es el pilar del medio rural, pero ese papel no puede convertirse en una carga invisible. Para que sea una fortaleza y no una renuncia, hacen falta derechos, servicios públicos, reconocimiento económico, conciliación real y medidas que permitan compatibilizar la vida familiar, laboral y social.
Su valor estará, sobre todo, en que las medidas se traduzcan en avances concretos: más empleo digno, formación adaptada, apoyo al emprendimiento femenino, mayor presencia de las mujeres en los espacios de decisión y recursos accesibles frente a la violencia de género. Apoyar a las mujeres rurales no es solo una cuestión de igualdad, sino también una estrategia imprescindible para mantener vivo el territorio, asegurar el relevo generacional y preservar la identidad social, económica y cultural de nuestros pueblos”.
Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias (FECOPPAS)
Desde FECOPPAS valoran de manera especial el “avance normativo y necesario, el más reciente en el arco cantábrico: supera ampliamente a Cantabria, que carece de estatuto específico, y comparte con el País Vasco el modelo de estatuto autónomo con rango de ley, siendo en términos de cobertura sectorial más ambiciosa que el Estatuto vasco de 2015, circunscrito exclusivamente al ámbito agrícola”.
Además de resaltar la definición de mujeres de la pesca, hace hincapié entre las medidas más relevantes en la incorporación de la perspectiva de género en la contratación pública pesquera.
Así mismo señala que desde la perspectiva pesquera la valoración es favorable, pero incompleta si se tiene en cuenta al tratamiento normativo respecto al sector agrario. Al no existir un título en la ley relativo al sector pesquero señalan una “asimetría” que consideran la principal debilidad de la norma, situando a Asturias por detrás del modelo gallego, que diferencia entre mujer rural y mujer del mar.
En este sentido desde FECOPPAS identifican cinco áreas prioritarias, que ordenan por su impacto esperado sobre las mujeres del sector pesquero: La creación de un título específico para las mujeres de la pesca; garantizar la aplicación de la ley a las mujeres que trabajan en puertos y lonjas; visibilizar y proteger a las rederas, mariscadoras y auxiliares de la pesca; diferenciar la salud laboral del sector pesquero en el estudio mandatado; y la necesidad de un programa específico para mujeres del sector pesquero.
En cuanto a la valoración global, califican a esta Ley 1/2026 como “una norma sólida y bien construida que sitúa a Asturias en una posición avanzada dentro del panorama normativo autonómico en materia de igualdad en el mundo rural. Su efectividad real dependerá del desarrollo reglamentario, de la dotación presupuestaria efectiva y de la resolución de las lagunas señaladas. La participación de esta Federación en la Comisión de Seguimiento garantiza un cauce institucional para impulsar esas mejoras”.
A ello añaden que “para el sector pesquero, la ley cumple en este momento una función de reconocimiento más que de regulación efectiva. Las cinco mejoras propuestas no exigen una reforma estructural: pueden articularse mediante un desarrollo reglamentario ambicioso a corto plazo o, de forma más sólida, a través de una modificación legislativa que añada al texto un título específico para las mujeres de la pesca. Esta segunda opción convertiría a Asturias en la primera comunidad autónoma del arco cantábrico en ofrecer una regulación completa e igualitaria para todos los sectores del medio rural, incluido el mar”.
Lee el texto completo aquí.
Belarmino Fernández Fervienza
Presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader)
“La Red Asturiana de Desarrollo Rural hace una valoración positiva del Estatuto de las Mujeres Rurales, teniendo en cuenta que es un documento de consenso, de trabajo de puesta en común, en cuyo equipo de redacción participamos activamente.
Éste es un texto que pone en valor todo el trabajo silenciado e invisibilizado que las mujeres han desarrollado desde siempre en las zonas rurales. Mujeres que han sido pioneras con sus proyectos, como en el turismo rural, detectando necesidades que han convertido en oportunidades de trabajo remunerado. Ahí está la importancia de la mirada que aportan a nuestro desarrollo en el medio rural.
Muchos de estos proyectos puestos en marcha por ellas cuentan con financiación Leader, y por esta parte nos enorgullece el trabajo desempeñado por los Grupos de Desarrollo Rural, recogido así mismo en el Estatuto, que recoge la importancia que todas estas actividades complementarias tienen de cara al desarrollo rural y su diversificación a la hora de ofrecer y mantener servicios, de asentar y retener población. De tejer territorio”.
Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA)
Desde AMCA consideran que “la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias supone un avance en el reconocimiento de la desigualdad estructural que viven las mujeres en las zonas rurales. Además, entendemos que es un acierto relacionar dicha desigualdad con el asilamiento territorial, masculinización, envejecimiento y sobrecarga de cuidados.
Valoramos igualmente que la Ley incorpore medidas para la igualdad de oportunidades, formación, acceso al empleo, al crédito, titularidad compartida, conciliación, corresponsabilidad, prioridad en subvenciones o violencia de género. También estimamos positivo que se reconozca el papel de las mujeres del sector pesquero. Esto supone una mejora significativa en un ámbito donde el trabajo de las mujeres ha estado tradicionalmente invisibilizado e infravalorado”.
Desde esta organización señalan que “existen aspectos esenciales que no han sido debidamente contemplados o que han quedado insuficientemente desarrollados”, teniendo en cuenta también ese desarrollo legislativo posterior al que dirige el texto. En este sentido señalan, entre otros aspectos: la necesidad de impulsar la autonomía de las mujeres rurales mediante ayudas a la movilidad como las destinadas a la compra de vehículos o la obtención del permiso de conducir; el desarrollo de medidas de acogimiento y acompañamiento integral dirigidas a las nuevas pobladoras rurales para facilitar tanto la inserción sociolaboral como el arraigo en el territorio; que aunque se nombra a las mujeres con discapacidad en relación con lo promoción de la igualdad efectiva, no se articulan acciones concretas ni se contemplan sus necesidades específicas.
También hacen referencia a la difusión de las acciones previstas con la creación de una herramienta digital que facilite el acceso a la información que recoge la norma, mientras que desde AMCA destacan “las barreras reales que condicionan dicho acceso, así como el aislamiento, la falta de transporte público o la conectividad digital deficiente”. Recogen también las barreras idiomáticas, los apoyos específicos para mujeres con discapacidad o lo imprescindible de garantizar un acceso seguro para aquellas que son víctimas de la violencia de género.
Llaman la atención también como es el sexilio (la migración forzosa por motivos de orientación sexual), ya que no se trata “únicamente de una cuestión de derechos humanos, sino también de una estrategia fundamental para fijar población y enriquecer la vida de nuestras aldeas y pueblos”.
Y reivindican la necesidad de incorporar “adecuadamente” en la Ley el rol activo de las mujeres en la prevención y gestión de desastres naturales, la atención de sus necesidades específicas (sobre todo mujeres mayores, dependientes o con discapacidad) en el diseño, planificación y ejecución de políticas frente al cambio climático y los desastres naturales. Consideran a la economía verde y circular como “motor estratégico para la diversificación económica, emprendimiento y fortalecimiento del cooperativismo rural”. De ahí que sea imprescindible promover la participación de las mujeres rurales en sectores emergentes como la agricultura ecológica, la gestión de energías renovables y el agroturismo sostenible.
Y por últimos señalan como “una medida positiva” la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Estatuto” pero apuntan a que su función “será testimonial si los objetivos de la ley no son mensurables”, y critican la falta de una definición previa de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, lo que limitará la evaluación de esta norma.
“En AMCA creemos que el Estatuto de las mujeres rurales es una medida necesaria y confiamos en que contribuirá a mejorar la vida de muchas mujeres, sobre todo si se traduce en la activación de servicios, recursos y reconocimiento institucional donde antes no existían. Sin embargo, su impacto real en la igualdad y en la lucha contra la despoblación no dependerá tanto de la norma en sí como de su aplicación efectiva, la dotación presupuestaria, la coordinación entre administraciones, los mecanismos de evaluación y, en última instancia, del compromiso político”.
Lee el texto completo aquí.
Mujeres Asturianas en Red por el Ecosistema Azul (MAREA)
Desde esta asociación sectorial que da sus últimos pasos para su creación, consideran que es necesario que el Estatuto “incorpore medidas específicas que respondan a la realidad de nuestro trabajo y de las comunidades costeras y rurales donde vivimos y desarrollamos nuestra actividad”.
Señalan que aunque el texto recoge medidas relativas a la conciliación, la corresponsabilidad, el acceso a servicios y la participación de las mujeres rurales, “resulta imprescindible que estas actuaciones tengan en cuenta las particularidades del sector pesquero, caracterizado por jornadas que comienzan de madrugada, horarios condicionados por las mareas, desembarques, subastas y necesidades productivas que no se corresponden con los horarios habituales de los servicios públicos”. En este sentido hablan de la necesidad de servicios flexibles y adaptados, el refuerzo de los servicios de proximidad, cubriendo la totalidad del territorio ya que, señalan, “las familias fijan su residencia acorde a las oportunidades y servicios de una zona”.
Consideran “igualmente necesario garantizar una participación efectiva de las mujeres en los órganos de representación y toma de decisiones, adaptando horarios de reuniones, facilitando la participación telemática y estableciendo medidas de apoyo a los cuidados cuando sea preciso”.
En materia de salud laboral proponen el desarrollo de estudios específicos sobre las enfermedades profesionales y riesgos asociados a las actividades desempeñadas por las mujeres de la pesca, incorporando la perspectiva de género. Una perspectiva que también debe aplicarse a las acciones formativas y de capacitación, favoreciendo modalidades flexibles y accesibles no excluyentes.
“Finalmente consideramos imprescindible que el Estatuto reconozca expresamente la singularidad de las comunidades costeras y pesqueras dentro del medio rural asturiano, incorporando una perspectiva litoral que permita responder adecuadamente a las necesidades sociales, económicas y demográficas de las mujeres del mar”.
Y coinciden en señalar, como otras organizaciones, en que “la igualdad efectiva de las mujeres rurales solo será posible si las políticas públicas se adaptan a las condiciones reales de vida y trabajo de quienes sostienen sectores esenciales para la economía, la alimentación, la cultura y la cohesión territorial de Asturias. Las medidas de conciliación y corresponsabilidad deben diseñarse desde la realidad de las mujeres del mar y no desde modelos laborales urbanos que no reflejan nuestras condiciones de trabajo”.
Lee el texto completo aquí, que incluye una serie de incorporaciones al texto.
Fuente: Red Asturiana de Desarrollo Rural
